Autor: Andrés Bonilla
Tal vez ya no sea raro escuchar crisis política e inmediatamente asociarla con nuestro país. Definitivamente Ecuador vive en una constante inestabilidad política y quizá este sea el denominador común de la política latinoamericana que día tras días percibe algo nuevo y decepcionante en el sistema político. Consecuentemente el propio parlamento obtiene apenas de solo el 9% de aceptación según la empresa encuestadora Click Report y un presidente que cerca de los 2 años de mandato ha sido incapaz de atender las principales necesidades de los ecuatorianos
Dentro de todo este caos que azota nuestro país se produce un juicio político contra el primer mandatario. El proceso ya ha pasado el filtro la Corte Constitucional y recayendo nuevamente en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización prepara el informe pertinente con el que convocará al pleno de la Asamblea para que emitan su voto. Es importante mencionar que es la primera ocasión que un presidente es sometido a un dicho proceso, lo que de una u otra manera nos permite ver avances entorno al respeto y garantía de la democracia, pues, también es la primera vez que el país utiliza las normas y no las calles como fue el caso del expresidente Lucio Gutiérrez en un golpe de Estado civil, protagonizado por la población quiteña, en la llamada Rebelión de los forajidos .En cierta manera, se puede reflexionar sobre la leve funcionalidad de la institucionalidad ecuatoriana que parecería estar funcionando.
Dicho esto, se necesitan 92 votos por parte de los asambleístas como lo determina nuestra Constitución en su artículo 129, en su último inciso, que al inicio no era un escenario lejano a realidad, pero con el pasar de los días se ponen en duda. Esto principalmente por el bajo nivel de interpelantes y errores en la documentación presentada en el legislativo, sin embargo en los últimos días se ha escuchado negociaciones o acuerdos existentes entre varios congresistas con delegados del Ejecutivo. Un caso concreto y bochornoso fue el de Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik que en un audio difundido por el medio digital La Posta afirma pedir “ministerio completo” a cambio de su voto lo que deja en incertidumbre sobre un posible entramado de corrupción que involucran a instituciones del Estado poniéndolo como un botín.
Por otra lado, las declaraciones del Presidente Guillermo Lasso en caso de prosperar el juicio político ha afirmado que accionará la muerte cruzada , una figura constitucional que ahora más que nunca juega un rol importante para el Gobierno actual respecto a la división y equilibrio de poder. Para que esta decisión pueda ser adoptada debe existir una de las siguientes causales como lo establece el artículo 148 de la Constitución. Cuando la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen, sin embargo, esta causal requiere dictamen favorable de la Corte Constitucional mientras que las otras dos causales son la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo y por grave crisis política y conmoción interna. Esta figura permitiría disolver la Asamblea y se anticipen elecciones para gobernar bajo decretos que tiene categoría de ley hasta que la nueva asamblea las derogue o las reconfirme.
En conclusión, incertidumbre y desconcierto es el ambiente que se vive en el Palacio de Carondelet y en la Asamblea Nacional a la espera de lo que pueda suceder con el futuro político del país mientras el país se ve fuertemente golpeado por la delincuencia y el crimen organizado a la espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Comentarios